Cruzadas antisindicales, no por favor

EN DEFENSA DE LOS SINDICATOS

Por Rafael Simancas

El reciente protagonismo de los sindicatos en las portadas de los medios de comunicación más derechistas no es casual ni baladí. Nadie es tan ingenuo como para considerar que una atención tan extraordinaria y coincidente sobre los procedimientos y las cuentas de los sindicatos responde simplemente al afán por la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones del país. Las organizaciones empresariales no están siendo objeto de investigaciones y tratamientos similares, desde luego.

Resulta evidente la existencia de una estrategia que tiene como objetivo socavar el prestigio y la capacidad de acción de las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores. Y en tal estrategia participan actores mediáticos, económicos y políticos. Porque a la ofensiva de denuncias mediáticas -unas ciertas, otras falsas-, debe incorporarse para el análisis la sucesión de reformas legales que debilitan gravemente la capacidad de negociación y defensa de los derechos laborales por parte de los sindicatos. Desde la reforma laboral que finiquita la negociación colectiva hasta la anunciada ley de huelga, y desde la retirada de las funciones formativas hasta la nueva ley limitativa del derecho de manifestación.

Sin embargo, se equivocan gravemente quienes actúan movidos por el afán de fomentar la desafección ciudadana hacia las centrales sindicales. Los sindicatos son parte sustancial del sistema democrático y socio-económico vigente, posibilitan su eficacia, lo hacen viable y lo legitiman ante los trabajadores. La historia de las relaciones sociales en nuestro país, además, demuestra el alto grado de responsabilidad y compromiso con el desarrollo equilibrado que han ejercido los sindicatos. Las grandes reformas y reconversiones que han experimentado nuestra economía y nuestra sociedad, con sacrificios muy relevantes en el mundo del trabajo, no se hubieran llevado a cabo con cierto éxito y una relativa paz social sin la labor positiva de organizaciones respetables como la UGT y las CC.OO.

Si el mensaje que reciben los trabajadores es el de que los sindicatos no sirven porque no son fiables, ¿cuál es la alternativa que se les ofrece para defender sus intereses en el plano laboral y social? ¿O se trata de convencerles de que la precarización de las condiciones laborales y la renuncia a los derechos sociales son un fenómeno inexorable y solo cabe la resignación?

El desarrollo de la reciente huelga de limpieza y jardinería en la ciudad de Madrid ha sido muy revelador. La complicidad de un gobierno derechista y unas empresas dispuestas a todo para maximizar beneficios amenazaba con dejar a más de un millar de empleados en la calle y a rebajar sustancialmente el salario de los demás. Gracias a la acción sindical, el apoyo de los grupos políticos progresistas y la comprensión ciudadana se han evitado los despidos y los recortes salariales, si bien los trabajadores han tenido que aceptar un ERTE doloroso y la congelación de sus sueldos por muchos años. ¿Qué hubiera ocurrido si los trabajadores no hubieran podido contar con la capacidad organizativa y negociadora de los sindicatos?

Cuidado. Porque pueden surgir alternativas a los sindicatos en la representación de los intereses de los trabajadores y en la defensa de sus derechos, y puede que no sean tan sensatas y responsables como lo han sido siempre organizaciones como UGT y CCOO. Atacar sistemáticamente a los sindicatos con el propósito de socavar la confianza de los trabajadores en sus representantes puede conducir a una radicalización de las reivindicaciones sociales. Y puede que esto es lo que busquen algunos: convertir las justas reclamaciones de los trabajadores en un problema simple de orden público, con una respuesta simple en el porrazo y tentetieso. Pero, desde luego, sería muy negativo para el desarrollo económico, la convivencia cívica y la calidad democrática en nuestra sociedad.

Que se investiguen, se denuncien, se condenen y se corrijan cuantas irregularidades existan en el funcionamiento de los sindicatos, y de los partidos, y de las organizaciones empresariales, y de las empresas propietarias de los medios de comunicación. Con plena transparencia y responsabilidad. Ahora bien, cruzadas antisindicales no, por favor. No conviene a nadie.

Trabajadoras de la limpieza del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

UGT logra que 297 trabajadoras cobren la paga extra de Navidad de 2012

Los Servicios Jurídicos de la Federación de Servicios Regional de UGT en Madrid, ha ganado una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la empresa GARBIALDI que prestaba el servicio de Limpieza en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. La demanda estaba motivada por el impago de la paga extraordinaria de Navidad del año 2012 que la empresa se negó a abonar a las 297 trabajadoras de la limpieza del Hospital. Con esta sentencia, en base a la cual UGT va a exigir su inmediata ejecución, las trabajadoras de la limpieza de este hospital de la Comunidad de Madrid van a recobrar la paga Extra de Navidad del pasado año. Recordar que la empresa condenada se amparaba en las medidas tomadas por el Gobierno del PP, donde se retiró la paga extra a los trabajadores de la función pública, para no abonar la extra a sus trabajadoras. UGT ha señalado que, tras el fallo del alto tribunal, las trabajadoras han recibido la noticia con gran alegría, compensando, en parte, la tristeza que muchos hogares madrileños vivieron el pasado año al privarlas de esta paga. FeS-UGT-Madrid celebra esta sentencia en la que se estima que las trabajadoras afectadas van a recuperar 1.100 euros de media y denuncia el uso y abuso que algunos empresarios, apelando a la crisis, realizan para perjudicar en salarios y derechos los trabajadores.

Homenaje a Pablo Iglesias en el 88 Aniversario de su fallecimiento

La estrategia del Gobierno para salir de la crisis se basa en la devaluación de los derechos sociales y laborales

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado hoy que el Gobierno “no tiene una estrategia para salir de la crisis, sino que la está aprovechando para imponer un modelo de devaluación permanente de los derechos sociales y laborales en nuestro país”. “Dicen que es necesario un fuerte consenso para reformar la Constitución, pero están perpetrando una contrarreforma constitucional por medio de un paquete de reformas que tienen tachas de inconstitucionalidad”. Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en el acto de homenaje a Pablo Iglesias, fundador de la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el 88 Aniversario de su fallecimiento, donde ha señalado que “estamos atravesando tiempos duros que van a seguir durante meses, pero en esta situación hay que seguir preservando nuestros valores y nuestro compromiso, como hemos hecho siempre, porque nuestra herramienta es la organización, que es la expresión colectiva de esos valores y ese compromiso, y no podemos permitir que se deslegitime a la organización”. “Habrá cosas que se hayan hecho mal y se tengan que corregir”, ha considerado, “pero no se puede poner en tela de juicio a la Unión General de Trabajadores, que tiene unas raíces muy sanas en la expresión del compromiso militante de hombres y mujeres que participan del proyecto sindical y vital de la organización”. En este sentido, ha señalado que hace muchos años, “sobre 1903, nuestros fundadores tuvieron que aportar ante la Comisión de Reformas Sociales un informe donde, de manera cruda pero verídica, expresaban las penalidades de la clase trabajadora de principios del siglo XX. Este informe se resumía en las alternativas que solicitaban la libertad de organización a los trabajadores, porque queríamos ser protagonistas de los cambios. Saben que hemos sido y seguimos siendo protagonistas de estos cambios y por eso se pretende debilitar a la Unión”. “No lo debemos permitir, al igual que no vamos a callarnos en nuestras alternativas respecto a la política de este Gobierno. Hemos pasado en los últimos años de un modelo de capitalismo industrial, donde el movimiento sindical era fuertemente respetado, al capitalismo financiero, que no es un modo de producción, sino de poder que no admite contrapoder político o sindical. Ese es el problema de fondo que padecemos”. De esta forma, ha afirmado que “las alternativas no pasan por seguir profundizando en la política de ajuste y recorte, porque ahora estamos atrapados en la crisis y vamos a estar atrapados en las secuelas de la misma en un futuro. Las alternativas pasan por un cambio de rumbo en la política tanto española como europea que pase por mayores inversiones públicas y deje de lado los recortes, como ya hemos demandado de forma unánime a través de la Confederación Europea de Sindicatos y como seguiremos haciendo de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014”

Madrid duplica las ayudas para facilitar un empleo a parados de larga duración

La Comunidad de Madrid ha duplicado la inversión destinada al programa para contratar a parados de larga duración, destinando un total de 20 millones de euros, 10 millones más de lo previsto.

"Las oficinas públicas de empleo ya han iniciado la preselección de candidatos para que 1.200 desempleados comiencen a trabajar, antes de final de año, en empresas madrileñas, entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas y sus entidades dependientes. Esta cifra se duplicará hasta los 2.400 en los próximos días, gracias a la nueva inyección económica", han explicado.

   El objetivo de esta nueva aportación es insertar en el mercado laboral a parados de larga duración que hayan agotado el cobro de prestaciones o subsidios por desempleo. La Comunidad de Madrid subvenciona con hasta 1.800 euros al mes, los costes salariales y de formación de los desempleados que sean contratados en empresas y entidades o administraciones.

   Para poder ser beneficiario, los parados deberán llevar más de un año inscritos en las oficinas de empleo y haber agotado cualquier tipo de prestación o subsidio por desempleo, incluyendo la renta activa de inserción. Además, la medida también beneficiará a quienes cobren del programa Prepara, o Renta Mínima de Inserción (RMI). Tendrán preferencia aquellos desempleados con hijos menores de 16 años a su cargo, o mayores con alguna discapacidad.

   El Gobierno regional abonará a las empresas los gastos derivados de los contratos por un periodo máximo de seis meses (incluyendo los gastos de la formación). Las oficinas de empleo ya están seleccionando mediante entrevistas a los candidatos a estos puestos de trabajo en función del perfil requerido. Los empleadores harán la selección final. La idea es que la incorporación a los puestos de trabajo se haga efectiva antes de final de mes.

   Además, recordaron que esta nueva medida se une a otras para el fomento del empleo, como las ayudas de hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que se genere; ayudas para la implantación y fomento del comercio electrónico; el Programa de Recualificación Profesional de Desempleados; la potenciación de convenios de formación con compromiso de contratación, tanto directamente con empresas como con asociaciones profesionales; la formación con prácticas remuneradas en empresas; la financiación para emprendedores a través de MicroBank y Avalmadrid; y la apertura en Getafe del primer Centro de Emprendimiento de la región.

Mandela, un símbolo de la lucha por la libertad y la reconciliación

UGT lamenta el fallecimiento de Nelson Mandela, ex presidente sudafricano y símbolo internacional del diálogo y la negociación, que luchó por la libertad y la erradicación del racismo, el apartheid, en su país. La Unión General de Trabajadores destaca el legado para la humanidad que representa su lucha y su empeño en la búsqueda de la paz, la concordia y la reconciliación, la democracia y la justicia, después de 27 años de cárcel. Nelson Mandela ha sido y será un referente en la búsqueda de las libertades y los derechos de las personas. El sindicato destaca también la relación que Mandela mantuvo con las organizaciones sindicales sudafricanas, que le apoyaron plenamente en esta lucha, y recuerda que la OIT creó un comité antiapartheid, del que formó parte UGT, para apoyar al pueblo sudafricano en su camino hacia la libertad.

Los colectivos alertan sobre el peligro “de una ley antiprotesta”

Mareas ciudadanas de toda España protestan contra la política de Rajoy

ATLAS

Miles de personas han salido a las calles de mas de 50 ciudades españolas para hacer un balance demoledor de los dos años de gobierno del Partido Popular. Las mareas ciudadanas, los colectivos profesionales, espontáneos, junto a sindicatos y una representación moderada de los partidos de izquierda se han unido para “defender lo público”, “defender a las personas” para “cambiar las cosas”. En torno a estos lemas se han desarrollado los discursos leídos por representantes ajenos a la política a los sindicatos y a la política. En Madrid han leído un manifiesto el cantante Ismael Serrano, la actriz Alba Flores y la portavoz de la Plataforma de la Cultura, Anabel Torija.

Aunque hoy se ha desarrollado el grueso de las manifestaciones convocadas por la Cumbre Social, que aglutina a mas de un centenar de organizaciones entre las que están UGT, CCOO o USO, aun mañana domingo habrá otras. El centro de la protesta es el mismo en toda España: una enmienda a la totalidad de todas las acciones del Gobierno. Entre los manifestantes unos ven en peligro la sanidad pública, otros la investigación, muchos la cultura y todos el paro y la precariedad laboral.

En esta manifestación del 23 de noviembre, que coincide con la llamada a la protesta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), los sindicatos y los partidos de izquierda asistentes a la misma han querido mostrar su absoluta preocupación por la recomendación de la Comisión Europea del viernes para que el Gobierno español “intensifique” las reformas, y singularmente la laboral. A eso se han referido principalmente la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, y el Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara. “Vamos a mantener una protesta sin fin en el caso de que el Gobierno quiera dar otra vuelta de tuerca a los recortes”. Si esto ocurre el Gobierno “dará un golpe de Estado a los derechos laborales y sociales”, que ya son los mas duros “que se han conocido en democracia”, proclama Cayo Lara. De recortes ya inasumibles por los ciudadanos madrileños ha denunciado el líder del PSM, Tomás Gómez.

Este fue el minuto de protagonismo de los políticos. Un tiempo similar del que se reservaron para unas breves declaraciones Cándido Méndez, de UGT, Ignacio Fernandez Toxo, de CC.OO.y Julio Salazar de USO. Estas organizaciones, además de Equo, se diluyeron entre la marea de colectivos que fueron los verdaderos protagonistas. Cientos de personas con pequeñas pancartas artesanales y con muchas banderas republicanas.

No hubo unidad de protesta en Madrid dado que a poca distancia de esta marcha de la Cumbre Social se desarrollaba otra del Movimiento 15-M en la que ha tenido especial protagonismo Greenpeace. Activistas de esta organización escalaron por el edificio de la Plaza de España para desplegar una pancarta con el lema “No a la Ley Antiprotesta”. Este asunto también ha formado parte de la protesta de la Cumbre Social al temer que la futura ley de Seguridad Ciudadana supone un intento de acallar las protestas. Las reflexiones de Mariano Rajoy respecto a cómo se preparan las manifestaciones ha servido a Soraya Rodríguez, portavoz socialista, para ironizar con cierta amargura. “Señor Rajoy, en España no hay que pedir autorización para manifestarse, sino solo comunicarlo”. A su lado, Rafael Simancas, Secretario de Formación del PSOE, ha apostillado: “la autorización se pide en China”.

Esta manifestación para algunos “podría ser la última” si prospera la futura Ley de Seguridad Ciudadana. Desde la tribuna de oradores, se ha exhortado a continuar con las protestas porque “sí sirven”. Como muestra la huelga de barrenderos y jardineros de Madrid, que encabezaban esta manifestación.

Las manifestaciones de protesta contra la política del Gobierno en todos los terrenos convocadas para este fin de semana en 55 ciudades españolas han arrancado ya. La variedad de reivindicaciones que rezan en las pancartas denota un malestar generalizado de parte de la sociedad española. Los sindicatos y los partidos han ocupado en estas marchas un lugar secundario al dejar el protagonismo a colectivos anónimos. Formalmente las manifestaciones las ha convocado la Cumbre Social, organización que nació en las primeras protestas por los recortes del Gobierno y que aglutina, además de a los sindicatos mayoritarios, a más de un centenar de organizaciones profesionales y sociales. Fuente: El País

El paro, previsto para el 28 de noviembre, ha sido desestimado por no cumplir con los plazos

Denegada la convocatoria de huelga en la lavandería hospitalaria

Los trabajadores de la lavandería hospitalaria central del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que iniciaron el pasado martes un encierro indefinido contra la rebaja del 46% de su sueldo, vieron ayer denegada su solicitud de huelga por la Dirección General del Trabajo “porque no cumple con el plazo mínimo de preaviso".

El paro, previsto para el 28 de noviembre fue tramitado por la vía de urgencia por los sindicatos CC.OO, UGT y CGT, lo que permite reducir los plazos de presentación de 10 a cinco días. La Dirección de Trabajo considera, sin embargo, que "al tratarse de empresas que afecten a servicios públicos , no cumple "con los 10 días naturales de preaviso". En este cómputo no se incluyen ni el día de preaviso ni el día de inicio de la huelga.

El pasado martes los empleados de la lavandería, en Mejorada del Campo, comenzaron un encierro para protestar contra las condiciones salariales que les ofrecen las concesionarias del servicio, Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa) y Lavandería Industrial Laundry Center —ambas del grupo empresarial de la Fundación ONCE—  a partir del 1 de diciembre. En el convenio que pretenden aplicar se les recorta casi a la mitad el sueldo a trabajadores interinos y eventuales. Los fijos de la Administración, más de un centenar de los 360 de la plantilla, podrán ser reubicados en otros destinos.“Nos han dicho que al ser un servicio público y esencial no tiene derecho al carácter urgente. De modo que se tiene que presentar forzosamente con 10 días de antelación”, ha declarado Francisco Ronco, presidente de la asociación de trabajadores de la lavandería. Ronco aseguró asimismo que recurrirán la decisión lo más pronto posible y que no entiende que se les haya negado la huelga. "En estos momentos la lavandería no puede trabajar con normalidad, ya que los hospitales no nos entregan ropa sucia y solo se la dan a la contrata", ha asegurado.

Los operarios de Mejorada paralizaron la actividad el martes y desde el miércoles trabajan a "un ritmo más lento", afirmó la Consejería de Sanidad, que garantiza que está "absolutamente asegurado" el suministro de ropa lavada a los hospitales afectados, ya que Flisa está recogiendo la ropa sucia y lavándola en sus instalaciones. 

Asimismo, más de 200 trabajadores de la lavandería  se han concentrado este viernes de 12 a 12.30 horas a las puertas del centro, cortando durante diez minutos la M-203. Además trabajadores de hospitales como el Gregorio Marañón, La Paz o La Princesa han salido a las 12 horas a las puertas de sus centros para mostrar el apoyo a sus compañeros. La imagen más común ha sido la de los empleados con sus batas y trajes blancos portando pequeñas pancartas a tamaño folio con mensajes de ánimo y de 'no a la privatización'.

La nueva adjudicataria del servicio ha comunicado rebajas en los salarios de hasta el 46%

Plante de trabajadores de la lavandería que da servicio a los hospitales de Madrid

Trabajadores de la lavandería hospitalaria central, reunidos tras decidir el plante laboral. /

Los trabajadores de la lavandería hospitalaria central del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) iniciaron ayer un plante indefinido tras conocer las condiciones salariales que les aplicarán a partir del 1 de diciembre las adjudicatarias del servicio: Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa) y Lavandería Industrial Laundry Center, ambas del grupo empresarial de la Fundación ONCE. La Comunidad aprobó el pasado 3 de octubre la concesión del servicio, que afecta a 19 hospitales, por un importe de 45,9 millones de euros. El Gobierno de Ignacio González calcula que se ahorrará 36 millones de euros con la externalización y centralización de las labores de lavandería.

“Nos quieren bajar el sueldo a la mitad, así que hemos interrumpido la planta de producción a las cuatro de la tarde, y por la noche no va a salir ningún camión a recoger la ropa sucia de los hospitales”, afirmaba Francisco Ronco, presidente de la Asociación de Empleados de Lavandería Hospitalaria. Como ejemplos, indicaba que un celador pasará a cobrar 600 euros mensuales frente a los 1.100 actuales, por los 680 euros en que se quedaría el salario de un mecánico de mantenimiento o de un conductor de camión, que perciben 1.400 euros. Ronco denunció que no les habían dado las condiciones “por escrito, sino de viva voz”, y que los representantes de la concesionaria les instaban “a firmar un precontrato en blanco”. Un portavoz de Flisa indicó que aplicarán el convenio colectivo de las lavanderías industriales de la región, “de la misma manera que viene haciendo en las que ya tiene”. “No les bajamos el contrato, les aplicamos el convenio”, apostilló.

El inicio de la protesta coincidió con la presencia de representantes de Flisa en la planta de la lavandería central, en Mejorada del Campo. En tres despachos, iban recibiendo a los empleados y comunicándoles los cambios. De los 360 trabajadores de la lavandería central, más de un centenar son fijos de la Administración. A ellos, la Comunidad les podrá reubicar en otros destinos. El resto son eventuales e interinos.

Con 27 lavanderías industriales propias, Flisa cuenta con más de 3.000 trabajadores, de los cuales más del 86% son personas con discapacidad. La Comunidad apuntó que la ONCE se ha comprometido a asumir toda la ropa sucia y lavarla en sus lavanderías mientras dure el plante. “Ningún hospital se va a ver afectado”, afirmó una portavoz de la Consejería de Sanidad.

Según establece en los pliegos del contrato, el Gobierno regional obliga a la adjudicataria a contratar al personal estatutario interino y eventual, “siempre que voluntariamente lo soliciten”. “La Comunidad pone como condición que mantenga a toda la plantilla, de 360 trabajadores, pero lo que no detalla son las condiciones”, critica Ronco.

El pasado 1 de agosto, coincidiendo con el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de agosto, el Ejecutivo madrileño aprobó el nuevo contrato de servicios de lavandería de ropa hospitalaria para centros dependientes del Sermas. Lo hizo para un periodo de 48 meses por 47,5 millones, cifra que la adjudicataria ha rebajado en millón y medio de euros. El canon anual que deberá abonar la concesionaria es 521.139,6 euros por el uso de las instalaciones y el equipamiento de la lavandería central; esto es, 2.084.558,4 euros por los cuatro años de vigencia del contrato.

El contrato engloba los servicios de lavandería de todos los hospitales de la red pública con gestión directa: La Paz, Cantoblanco, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, La Princesa, Santa Cristina, Carlos III, Niño Jesús, Cruz Roja, Virgen de la Torre, La Fuenfría, Getafe, Móstoles, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias, El Escorial y Guadarrama. Fuera se quedan los hospitales psiquiátricos José Germain y Rodríguez Lafora, “por emplear ropa distinta a la del resto de centros”, y el hospital Virgen de la Poveda, “por motivos de transporte”, explica la Comunidad.

La unificación de compra de bienes y servicios (limpieza, seguridad y lavandería en hospitales), estimada en 114,6 millones, supone una reducción de siete millones respecto a 2013 (5,79%), recogen los presupuestos regionales para 2014.

Máquinas paradas y fardos de ropa amontonada

El aspecto que presentaba ayer por la tarde la lavandería hospitalaria central era desolador. Grandes máquinas adaptadas para lavar 35.000 kilos diarios de ropa procedente de 19 hospitales estaban paradas. En grandes bolsones se amontonaban almohadas, sábanas, pijamas y ropa quirúrgica. Fuera, los empleados, que decidieron parar la producción desde las cinco de la tarde, descargaban los camiones procedentes de distintos centros y acumulaban los contenedores de ropa sucia en el aparcamiento.

Los empleados se reunieron con carácter urgente con la dirección y decidieron parar la producción a la vista de “las pésimas condiciones que les ofrece la concesionaria”.

“Somos la lavandería hospitalaria más grande de Europa y la que tiene unos estándares de calidad más altos. Ahora, ¿qué pretenden, tirar los precios y dejar la ropa menos limpia?”, protestaba la secretaria de la Asociación de Trabajadores, Ana María López Regalado. “La culpa de todo esto la tiene la Consejería de Sanidad que sabían que íbamos a cobrar 640 euros al mes frente a los 1.050 que tenemos ahora en la nómina”, añadió López Regalado.

Según los trabajadores, el precio de kilo de ropa limpio cuesta 1,22 euros. Pero ello se debe a los productos de primera calidad (desinfectantes, agua oxigenada, detergentes y suavizantes, entre otros) que utilizan. Además, las prendas se planchan a 185 grados para eliminar todas las baterías, se doblan y se meten en plásticos. “En los hospitales que no atendemos nosotros no se da este servicio”, argumentan los empleados. Las nuevas instalaciones se inauguraron en 1996.

Los trabajadores echaron ayer a la responsable de recursos humanos de la adjudicataria del concurso. Se quejaron a ella de la enorme bajada que les supondrá el pasar a la nueva empresa. “¿Cómo pretenden que les digamos si nos interesa o no ese contrato cuando nos van a dejar con el salario mínimo interprofesional? Quieren abaratar y lo van a hacer con nuestros sueldos”, se quejaron los trabajadores.

Dentro de la plantilla también hay personal estatutario que pertenece al Sermas. A estos les han ofrecido cambiarse a otros centros, entre ellos hospitales. Es el caso de Mercedes Pampliega, una celadora separada y con dos niños que, pese a vivir en Mejorada del Campo, le ha correspondido el hospital 12 de Octubre, a una hora de trayecto desde su casa. Fuente: El País

UGT RECHAZA CON UN NO ROTUNDO LA PRIVATIZACIÓN DE ESTE CENTRO

UGT, CCOO Y CGT CONVOCAN UNA HUELGA INDEFINIDA EN LA LAVANDERÍA CENTRAL HOSPITALARIA DE MEJORADA DEL CAMPO

Las Organizaciones Sindicales UGT, CCOO y CGT han registrado en el día de hoy preaviso ante la Dirección General de Trabajo, convocando huelga indefinida en la Lavandería Central Hospitalaria de Mejorada del Campo, que se iniciará el próximo 28 de noviembre de 2013 a las 8:00 horas.

Desde la FSP UGT de Madrid se considera que no existe ningún razonamiento económico, organizativo ni laboral para privatizar este servicio público, que funciona adecuadamente y da cobertura a los hospitales madrileños.

UGT denuncia que es intolerable este nuevo proceso privatizador y de precarización laboral, puesto que la empresa Flisa, del grupo ONCE, pretende aplicar a los trabajadores y trabajadoras que decidan quedarse, una bajada salarial del 43% del salario, posibilidad de traslado a otros centros de trabajo e instauración de turnos rotatorios.

UGT confirma que al igual que en todos los procesos de traslados forzosos de trabajadores y trabajadoras a consecuencia de las privatizaciones que está ejecutando la Consejería de Sanidad, se están destruyendo servicios y empleo público de calidad.

Por ello consideramos que es verdaderamente sorprendente que el SERMAS eluda su responsabilidad y no obligue a Flisa, a que mantenga unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores, cuando reiteradamente y a través de diversos medios de comunicación, la Consejería de Sanidad ha manifestado que la privatización, de este centro, no iba a significar para los trabajadores temporales afectados, ni la pérdida de su puesto de trabajo ni la precarización de su empleo.

Por todo ello UGT rechaza rotundamente esta nueva privatización de un servicio público, y seguirá utilizando todos los recursos a su alcance, tanto jurídicos como de movilización, para defender el modelo de sanidad pública, de todos y para todos.

LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA COMARCA ESTE

4º CONGRESO ORDINARIO DEL SINDICATO COMARCAL ESTE DE LA FSP-UGT MADRID

El pasado día 12 de noviembre, en la sala de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, el Sindicato Comarcal Este de la FSP-UGT Madrid, celebró su 4º Congreso Ordinario, donde Ángel Marín Salvador fue reelegido como Secretario General.

La apertura del Congreso corrió a cargo del Secretario de Organización de la FSP-UGT Madrid, el compañero Julián Rollón, quien destacó la buena sintonía existente entre la Federación y el Sindicato Comarcal Este y animó a todos los presentes a seguir trabajando unidos para hacer frente común ante los problemas que demanda la sociedad en general y los trabajadores y trabajadoras en particular.

Asimismo, resaltar la presencia de gran parte de la nueva Ejecutiva Regional, Cándida Gallego (Secretaria de Formación, Salud Laboral y Medio Ambiente), Ignacio Herrero Alcalde (Secretario del Sector de Administración Local), Francisco Barrio Tamame (Secretario del Sector Postal). También asistieron al acto, los Secretarios Generales del resto de Sindicatos Comarcales.

El Congreso finalmente fue clausurado por el Secretario General de la FSP-UGT Madrid, el compañero Santiago Tamame, deseando suerte a la nueva Ejecutiva.

Comisión Ejecutiva:

Secretario General, Ángel Marín Salvador

Secretario de Organización, Martín Martínez Luján 

Secretaria de Administración y Finanzas, María Rosario Fuertes Melero

Secretaria Comarcal, Yolanda Romero García

Declaraciones del Secretario General de la Unión General de Trabajadores sobre lo publicado el día 15 de noviembre en el diario 

El Mundo

Estamos ante un guión preestablecido por el cual, a través de una manipulación informativa 

gigantesca, falseando los datos y la realidad de la actividad formativa de la Fundación 

vinculada a la Unión General de Trabajadores y de la propia UGT. Está en una estrategia de 

descalificación de la Unión General de Trabajadores y del SecretarioGeneral que la 

representa. 

Y, sobre esa primera operación, creo firmemente que el guión ya preestablecido, que no sé si 

estará escrito o no está escrito, lo que plantea es la irrupción de este pseudosindicato 

planteando una denuncia ante los tribunales. Digamos que es un ataque en toda regla, sin 

ninguna justificación, en relación con nuestra actividad que es una actividad intachable, 

transparente y rigurosamente escrupulosa con lo legal. 

No tiene ninguna relación con eso, tienen una relación con un ataque al movimiento sindical 

y, particularmente, a UGT. Primero, es un ataque mediático a través de una gigantesca 

manipulación informativa. Segunda, es una amenaza, que todavía no sé si se ha hecho 

efectiva, de acudir a los tribunales. 

Si se plantea esa denuncia, yo estaré a lo que digan los tribunales. No voy a hacer en este 

momento ningún tipo de premonición respecto a lo que pueda decir la Audiencia Nacional o el 

juzgado correspondiente. Lo que puedo decir es que UGT no tiene nada que ocultar, el IFES 

no tiene nada que ocultar y que, si llega el caso, colaboraremos absolutamente para que 

quede meridianamente claro que esta organización hace las cosas bien, dentro del respeto a 

la ley, en defensa de los trabajadores y también nuestro Instituto de Formación así lo hace. 

Ahora paso a algunos comentarios en relación con la última información por lo menos hasta la 

fecha, donde se dice que UGT manipula los concursos para que el IFES se quede con los 

programas. Este es un caso de manipulación absolutamente clara porque se falsea, o se 

pretende desconocer, –no sé si se desconoce realmente, yo creo que se pretende desconocer- 

una realidad. En la Ley de Subvenciones está perfectamente contemplado que una entidad 

que solicita una ayuda para la formación, si tiene a su vez, una entidad especializada 

vinculada y con suficiente capacidad técnica para desarrollar ese programa formativo, si en la 

solicitud de ayuda ya incorpora que va a ser –en este caso sería el IFES- quien va a desarrollar 

este programa formativo, hay conocimiento, por tanto, previo de la Administración (en este 

caso estamos hablando de la representación de la administración en la Fundación Tripartita y 

de la representación directa de la administración puesto que la Fundación Tripartita está 

vinculada a la Dirección General de Empleo). 

Esa solicitud de ayuda - la que presenta UGT- ya anticipa que una entidad vinculada, que se 

llama IFES, va a desarrollar esa actividad porque tiene suficiente capacidad técnica. Si la 

Administración o la Fundación Tripartita considera que eso no es idóneo pues no aprueba la 

ayuda, pero se aprueba en una inmensísima mayoría de casos esa ayuda y por eso IFES 

imparte esa formación. Es decir, no es necesario, en la inmensísima mayoría de casos, hacer 

la presentación de esos tres presupuestos. Lo digo para que quede claro porque éste es un 

tema relativamente técnico, complicado y yo, en este aspecto, os comunico, porque he 

procurado informarme bien, de cuál es la realidad.Al igual que otra información que viene en 

el día de hoy en la cual se dice que, efectivamente, para sortear la presentación de tres 

presupuestos, UGT se supone -en este caso se habla de una federación- que fracciona los 

contratos. Y eso no es así. Se utiliza un texto que no habla en absoluto de los contratos, de lo 

que habla es que dentro de un contrato, se pueden prorratear las facturas de ese contrato 

precisamente para que en la supervisión haya un mejor control de forma tal que no se 

produzca ningún tipo de irregularidad. Y esa es la verdad. 

Desconvocan la huelga de limpieza tras ratificar el acuerdo los trabajadores 

La huelga de limpieza viaria y jardinería de Madrid ha sido desconvocada esta tarde tras ratificar una mayoría de trabajadores convocados en asambleas el acuerdo alcanzado de madrugada entre los representantes sindicales y la empresas concesionarias, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

De esta forma terminan los paros de limpieza, que comenzó a las 0 horas del día 5, tras unas duras y largas negociaciones desarrolladas ayer entre ambas partes. Se espera que los trabajadores en huelga empiecen a barrer las calles a partir de esta noche, en el primer turno que les corresponda, han apuntado las mismas fuentes.

Los empleados han aprobado por mayoría tanto el nuevo convenio colectivo como la negociación sobre los paros, en votación a mano alzada y agrupados en diversas reuniones en la capital. El servicio de limpieza viaria celebró la asamblea del lote 1, no afectado por el ERTE, en el Templo de Debod.

Mientras, los trabajadores pertenecientes a los lotes 2 y 3  se han pronunciado favorablemente en el cantón ubicado en la calle Reus, los del lote 4 en la calle Tomás Redondo, y los lotes 5 y 6 en el auditorio de la calle Sierra Torcal esquina con calle Sierra Gorda.

Los sindicatos del servicio de limpieza y jardinería de Madrid han llegado la madrugada de este domingo a un acuerdo con las tres compañías adjudicatarias del servicio para retirar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a 1.134 trabajadores.

Los sindicatos llegan a un acuerdo para retirar el ERE a 1.134 empleados de limpieza viaria y jardineria

En el acuerdo alcanzado, entre otras cuestiones, se ha aprobado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 45 días al año hasta 2017, además de bajas voluntarias con una remuneración de 28 y 29 días por año trabajado, y excedencias a 5 y 10 años con indemnizaciones que serán, respectivamente, del 50% y del 75% del salario bruto.

"En jardinería, hemos concedido flexibilizar las vacaciones, que antes se cogían los 31 días en verano. Ahora serán 21 días en verano y 10 días el resto del año", ha precisado secretario general de la Federación de Servicios de Unión General de Trabajadores (UGT), Roberto Tornamira.

Los sindicatos han celebrado este resultado del acuerdo que se venía negociando desde las 11.00 de la mañana de este sábado. La hora límite de las negociaciones era la medianoche del sábado pero se ha prorrogado ante la voluntad de acuerdo mostrada por ambas partes.

El responsable de Limpieza Viaria de UGT, Juan Carlos del Río, ha agradecido "el apoyo de los trabajadores y el apoyo del pueblo de Madrid", entre los aplausos de los empleados que presenciaban la comparecencia de los representantes sindicales. "Se pueden evitar los despidos y las rebajas salarias", ha remachado Del Río.

Los sindicatos han convocado a una Asamblea a los trabajadores para que se pronuncien sobre la ratificación o no del acuerdo, El servicio de limpieza viaria celebrara la asamblea del lote 1, no afectado por el ERTE, en el Templo de Debod, mientras, los trabajadores pertenecientes a los lotes 2 y 3  se reunirán en el cantón ubicado en la calle Reus, los del lote 4 en la calle Tomás Redondo, y los lotes 5 y 6 en el auditorio de la calle Sierra Torcal esquina con calle Sierra Gorda. (Fuente Europa Press)

UGT convoca una concentración el día 12 de noviembre de 2013, a la puerta de la "Dirección General de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid", sita en la calle Espartinas, 10 (Madrid), en horario de 12 a 13:00 horas y de 17.30 a 18.30 horas.

UGT CONVOCA CONCENTRACIONES PARA EXIGIR LA MEJORA DE LOS PLIEGOS EN EL SECTOR DE AYUDA A DOMICILIO DE LA COMUNIDAD

El 22 de Abril de 2013, y pese a todo tipo de advertencias, la Directora General de la coordinación de la Dependencia en la Comunidad de Madrid, en su apuesta total por abaratar costes, adjudicó un ambicioso proyecto de Ayuda a Domicilio para personas dependientes a la empresa MNEMON CONSULTORES, asignándoles tres de los cuatro lotes existentes.

Más de 1000 profesionales del Sector de Ayuda a Domicilio llevan asumiendo desde hace tiempo una pésima gestión. Por enumerar algunos casos: el material con el que cada día se asea a los Dependientes de los municipios de la Comunidad de Madrid no se caracteriza por su calidad ni cantidad, la mayor parte de la coordinación tiene la oficina en sus propias casas, la entrega de la documentación personal de los usuarios se intercambia en la calle y en las plazas de muchos pueblos, las auxiliares han de desplazarse hasta 60 km para recoger material, tener una simple bata es una tarea inverosímil, por no hablar del cumplimiento del convenio colectivo al que se comprometió ( no existen partes de trabajo, la nómina se retrasa en el cobro, los desplazamientos corren a cargo del usuario o de la auxiliar )… Por otro lado penden de un hilo muchísimos puestos de trabajo de profesionales del sector en la trasferencia de servicios de los Ayuntamientos a la Comunidad de Madrid.

Pese a la gestión por parte de los Representantes Legales de los trabajadores con la Dirección General de Dependencia, y las múltiples denuncias pendientes de resolverse vía judicial contra MNEMON…la Directora General de la coordinación de la dependencia se resiste a agilizar un nuevo Pliego que mejore las condiciones del anterior y rectifique el mal servicio y la descoordinación que padecemos actualmente los trabajadores y los más vulnerables a los que va dirigido el Servicio, los Dependientes.

El sindicato exige un Pliego exhaustivo y ajustado a la realidad de forma inmediata, en el que el abaratamiento temerario del precio hora, no sea imputable al trabajador ni al usuario, y en el que la gestión se realice de manera responsable.

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL DE LA FSP-UGT MADRID

SECRETARIO GENERAL
Santiago Tamame González

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y AREA INTERNA Julián Rollón Ferigal

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Macario Esteban Serrano

SECRETARIA DE POLITICA SINDICAL Y COMUNICACION
Rosa Mª Robledano Gómez

SECRETARIA DE FORMACION, SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
Cándida Gallego Casas

SECRETARIA SECTOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Gloria Delgado Casas

SECRETARIO SECTOR DE SALUD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
Ignacio Hernández Colau

SECRETARIO SECTOR DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ignacio Herrero Alcalde

SECRETARIO SECTOR DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Moisés Torres Aranda

SECRETARIA SECTOR DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Laura Muñoz Ibañez

SECRETARIO SECTOR POSTAL 
Francisco Barrio Tamame

SECRETARIA SECTOR DEPENDENCIA, INTERVENCIÓN SOCIAL, MUJER E IGUALDAD 
Margarita Dominguez Guijarro

En la clausura de este Congreso intervino José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT-Madrid que hizo alusión a la huelga que están llevando a cabo en estos momentos los trabajadores y trabajadoras de limpieza viaria y jardinería apoyando sus reivindicaciones. Se refirió a la necesidad de recuperar todos los servicios públicos privatizados.

Intervino posteriormente Julio Lacuerda, secretario general de la FSP-UGT-Estatal quien ha apoyado a todos los trabajadores que están luchando estos días por sus derechos y por unos salarios dignos. Para él, el desprecio que este Gobierno parece sentir por todo el conjunto de la ciudadanía no se detiene en la clase trabajadora. En cuanto a la Reforma de las Administraciones Locales están en juego cerca de 400.000 empleos públicos; la reforma abre la puerta a la privatización de servicios sociales esenciales y convierte a los Ayuntamientos en meras comparsas políticas del Gobierno central.

A continuación, el reelegido Secretario General de la FSP-UGT de Madrid Santiago Tamame comenzó su intervención agradeciendo a todos los delegados y delegadas, y a todos los que de una forma u otra han participado en la elaboración y concreción del programa de acción sindical para este nuevo periodo, también a todos y todas los representantes de UGT que día a día con su trabajo y su esfuerzo llevan a todos los centros de trabajo nuestras propuestas, los que dan la cara; a ellos  que junto con los afiliados y afiliadas, la mayoría  anónimos, son la base y el sentido de nuestra organización. Tuvo también unas palabras de agradecimiento hacia los compañeros de la anterior  Ejecutiva que no continúan.

Hizo referencia a la nueva Ejecutiva que cuenta con cuatro nuevas incorporaciones, una ejecutiva renovada y preparada para afrontar los retos de este periodo.

Periodo considerado de los más negros en la historia de los servicios públicos y de las condiciones de trabajo tanto de empleados  públicos como del resto de los trabajadores, haciendo hincapié en combatir la reforma laboral, contrarrestar las consecuencias de las políticas neoliberales, recuperar la negociación colectiva, la confianza en los sindicatos, el poder adquisitivo de las retribuciones, la estabilidad en el empleo, luchar por la sanidad pública y por unos servicios públicos a la ciudadanía de calidad. 

Para Santiago Tamame como sindicato no podemos y no debemos renunciar a recuperar los derechos expropiados e incautados de manera totalmente injusta. Para él, la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid tiene la responsabilidad en la defensa de los intereses de más de 400.000 trabajadores de los servicios públicos, tanto de gestión pública como privada y la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos, de sus trabajadores, de sus derechos individuales y colectivos, de sus representantes sindicales, es un aspecto central y prioritario de nuestra estrategia sindical.

Terminó diciendo que nuestro principal instrumento de acción sindical es la negociación colectiva y la movilización como cauces prioritarios para regular las condiciones de trabajo y lograr avanzar en derechos. Para el Secretario General, no cabe en esta Federación ni el pesimismo, ni la derrota, nunca han estado entre nuestras filas, la defensa de los trabajadores y trabajadoras es una obligación, nuestra obligación sindical e histórica

La candidatura encabezada por Santiago Tamame ha salido elegida en el 8º Congreso Regional de la FSP-UGT de Madrid celebrado en la Casa del Pueblo de UGT Madrid los días 5, 6 y 7 de Noviembre con un 90,34 % de los votos.

Regidores de todos los partidos temen que la reforma local acabe con 30 años de asistencia a los desfavorecidos

Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales

Personas sin hogar descansan en un albergue madrileño. 

La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.

De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.

Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida...”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.

“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad... todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.

José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.

El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.

Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.

El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.

En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.

Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (...) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.

De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).

Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías. Fuente: El País